• Jóvenes con Trabajo Digno

Por una reactivación económica con igualdad y con mayor inclusión de jóvenes y mujeres



Abril 27, 2021

Por los derechos laborales de jóvenes


La generación de jóvenes que nacieron entre 1991 y 2006 y que hoy tienen entre 15 y 29 años de edad representa una cuarta parte de la población. Abrirles oportunidades es una de las mejores inversiones que México puede realizar. La incorporación de jóvenes a la vida productiva puede impulsar la reactivación económica con equidad y mayor inclusión.

Esta semana la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno se activa por los derechos laborales de las y los jóvenes. Culminaremos el próximo 1º de mayo, día internacional dedicado a conmemorar el derecho al trabajo digno.


Hoy reiteramos el llamado a no cerrar las puertas a jóvenes y exhortamos a quienes toman decisiones a fin de que tomen medidas para enfrentar la exclusión de jóvenes y los efectos de la pandemia.


También proponemos acciones eficaces y viables para la reactivación económica, por ejemplo:


Al gobierno federal le pedimos afinar y dar continuidad al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), y vincularlo con el Sistema Nacional de Empleo.


A los gobiernos estatales les pedimos articular y fortalecer los institutos y centros de capacitación para el trabajo, los sistemas estatales de empleo y dar prioridad en el acceso a jóvenes en desventaja.


A los gobiernos municipales les pedimos invertir recursos en proyectos de inclusión económica y social de jóvenes con mayores desventajas y riesgos, y mantener las acciones de prevención social de la violencia.


A la iniciativa privada y las entidades empleadoras les requerimos superar las prácticas discriminatorias en los procesos de contratación y les invitamos a establecer alianzas con organizaciones expertas en juventud para los programas de empleabilidad.


A quienes hoy son candidatas y candidatos y resulten electos al poder legislativo les urgimos acelerar la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados. Y sobre todo a asignarle un presupuesto suficiente con el fin de posibilitar la inclusión laboral de millones de mujeres jóvenes, que hoy están excluidas por realizar tareas domésticas y de cuidado.


La crisis económica y social por la pandemia está golpeando el presente y el futuro de millones de jóvenes


Casi un millón de jóvenes dejaron la escuela entre el ciclo escolar anterior y el actual iniciado en agosto del año pasado.


La tendencia de abandono escolar ya era grave antes del Covid. Cada año entre 700 y 800 mil jóvenes quedaban fuera de los bachilleratos de la educación media superior antes de culminar sus estudios.


El rezago educativo de jóvenes ya era muy grande y se agravó con la pandemia. La mitad de la generación de jóvenes menores de 30 años no cuenta con el nivel medio superior completo. Menos de la cuarta parte llegaron a la educación superior (22%).


Hay 4 millones de jóvenes desempleados. La tasa de desempleo de jóvenes es 7 puntos superior a la de quienes tienen entre 30 y 64 años de edad: 21% para jóvenes y 14% para mayores de 30.


El desempleo de las mujeres jóvenes es aún mayor: 27%. Además, hay otras 4 millones de mujeres jóvenes excluidas del trabajo remunerado. No se contabilizan como desempleadas, pues declaran no estar disponibles para trabajar, aunque en realidad trabajan y mucho, pero en labores de cuidado y domésticas, sin remuneración.


Las personas jóvenes que sí tienen trabajo también enfrentan condiciones adversas, contrarias al trabajo digno: 9 millones 300 mil carecen de ingreso suficiente para la canasta familiar (70%).


Casi 9 millones trabajan sin seguridad social (61%), se les considera informales. Aunque 5 millones 500 mil tienen empleo asalariado. Esto significa que en realidad fueron excluidos de la seguridad social por la entidad empleadora.


Para completar el panorama: 6 millones 800 mil jóvenes con trabajo asalariado carecen de contrato estable (61%) y 11 millones carecen de afiliación sindical (93%). Lo que impide su defensa colectiva e incrementa su precariedad.


Estas condiciones laborales son contrarias al trabajo digno. Estas realidades estructurales, que han empeorado por la pandemia, son el fundamento de nuestras jornadas por los derechos laborales de jóvenes.


Estrategia para una reactivación con igualdad y mayor inclusión de jóvenes


La reactivación económica requiere la participación activa de jóvenes. Su exclusión representa un desperdicio de talento y potencial. La inclusión de millones de jóvenes, especialmente de las mujeres, puede contribuir a la productividad, ampliar el mercado interno, disminuir la pobreza y reducir factores de riesgo y desigualdad.

Presentamos las bases de una estrategia para la inclusión económica de jóvenes. La estrategia se enfoca en jóvenes que acumulan las mayores desventajas. Esto es: baja calidad educativa, abandono escolar y rezago sin concluir el nivel medio superior; carencias sociales y pobreza; vivir en zonas con altos índices de violencia y criminalidad; condiciones de riesgo como adicciones, embarazo adolescente, mujeres jefas de familia y desapego familiar.

Ante esas desventajas, las acciones aisladas y dispersas no resuelven el problema. La estrategia propone 7 medidas integradas:

  • Mejorar la permanencia escolar y la calidad educativa, especialmente en la educación media superior técnica y tecnológica.

  • Ampliar y actualizar las opciones de capacitación para y en el trabajo, enfatizando el desarrollo socioemocional y de habilidades “blandas”

  • “Cerrar la pinza”, vinculando a quienes culminan educación técnica o programas de capacitación con servicios de colocación laboral y ofertas de trabajo formal

  • Garantizar acceso a servicios de cuidado para que las mujeres con hijos puedan incorporarse a trabajos remunerados adecuados

  • Ofrecer servicios especializados para atender problemáticas como las adicciones, la violencia doméstica, y otros

  • Agilizar la implementación de las reformas laborales para incrementar la oferta de trabajos dignos con plenos derechos laborales y remuneración suficiente

  • Eliminar barreras discriminatorias en los procesos de contratación hacia jóvenes con mayores desventajas.

Estas medidas son complementarias, integradas e indispensables. La situación se ha agravado con la crisis y la pandemia, se requieren acciones urgentes.


Una ruta propositiva para la inclusión de jóvenes en trabajos dignos


México cuenta con servicios públicos y programas que tienen potencial para facilitar la inclusión económica de jóvenes con mayores desventajas acumuladas. También cuenta con el dinamismo de la economía para la creación de trabajos dignos. La reactivación económica se puede acelerar con el incremento del mercado interno y la productividad resultante de una mayor inclusión de jóvenes y sobre todo de mujeres jóvenes al sistema laboral.


La estrategia para la inclusión de jóvenes requiere la participación de los tres órdenes de gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad civil, en especial las organizaciones civiles especialistas en juventud.


Para llevar a la práctica la estrategia, proponemos como primeros pasos inmediatos:

  1. Afinar y dar continuidad al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y articularlo con el Sistema Nacional de Empleo.

  2. Actualizar y articular los programas de los institutos (ICAT) y centros de capacitación para el trabajo (CECATIs)

  3. Apoyar proyectos de inclusión de jóvenes desde los municipios y dar continuidad a la estrategia local para la prevención social de la violencia y el delito.

  4. Asociar a empresas y organizaciones de la sociedad civil expertas en juventud en los programas de empleabilidad e inclusión educativa y social para jóvenes,

  5. Acelerar la aprobación legislativa para crear el sistema nacional de cuidados y asignar recursos suficientes para la creación de espacios de cuidado infantil para mujeres jóvenes con hijos

  6. Adoptar medidas de inclusión laboral de jóvenes y superar prácticas discriminatorias en los procesos de contratación.

  7. Una nueva etapa para afinar y dar continuidad al programa JCF

La creación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) representa un hito en las políticas de juventud. Por primera vez se asignan recursos para un programa de gran escala para jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo.


Al inicio del gobierno se anunció la meta de apoyar a 2.3 millones de jóvenes con este programa. De acuerdo a la información de la Secretaría del Trabajo, este año el programa llegará a 2 millones de jóvenes vinculados. La Secretaría anuncia que el año próximo, en 2022, se alcanzaría la meta original al vincular a 300 mil más.


El programa debe continuar y debe afinarse. Esta primera etapa mostró las bondades y limitaciones del diseño original. Las evaluaciones de Coneval y otras entidades académicas ofrecen recomendaciones de mejora sustentadas en la evidencia y los resultados de esta primera etapa.


La crisis económica y la permanencia de altos niveles de desempleo de jóvenes que ya hemos visto muestran la importancia de continuar el programa JCF en una nueva etapa. La demanda no ha bajado, más bien se ha incrementado.


La nueva etapa de continuidad requiere ajustes al programa que permitan lograr mayores resultados en inserción laboral, y especialmente para incidir en el núcleo más duro: las y los jóvenes que acumulan mayores desventajas educativas, económicas y sociales.

Para esta nueva etapa de continuidad mejorada del programa JCF, proponemos:

  • Enfocar las becas sólo para jóvenes en rezago educativo y fuera de la escuela.

  • Garantizar y enfatizar el desarrollo socioemocional y de habilidades “blandas” con metodologías adecuadas y probadas en los planes de capacitación

  • Involucrar a los institutos de capacitación (ICAT) y los centros de capacitación (CECATI) para que asuman un papel activo en los planes de capacitación técnica, en acuerdo con los centros de trabajo, una vez que se garantice la actualidad, pertinencia y calidad de sus programas.

  • Vincular a jóvenes egresados de JCF con servicios de colocación laboral y con ofertas disponibles de trabajo para que puedan insertarse una vez concluido el ciclo de capacitación. De inicio para ello la Secretaría del Trabajo cuenta con el Sistema Nacional de Empleo, que hasta ahora no ha sido considerado en las actividades del programa.

  • Ofrecer servicios de cuidado para mujeres con hijos a fin de que puedan participar en el programa, dado que las mujeres representan 2/3 de la población objetivo

  • Establecer acuerdos con organizaciones civiles especialistas en juventud para que asuman las actividades de atracción de jóvenes con mayores desventajas, la formación en habilidades blandas y desarrollo socioemocional y la vinculación con ofertas disponibles de trabajo al concluir el ciclo de capacitación, en acuerdo con los centros de trabajo.

Actualizar y fortalecer los programas de capacitación (ICATs y CECATIs)

Muchos programas públicos de capacitación y educación técnica requieren actualización. Necesitan además una vinculación activa y permanente con los centros de trabajo para conocer sus requerimientos presentes y futuros, de tal manera que su oferta de capacitación corresponda con la oferta de empleos.


La desarticulación de los programas de capacitación para el trabajo además produce duplicidades y mantiene estructuras burocráticas con muy bajo impacto. Sería deseable y lógico que la Secretaría del Trabajo asuma la rectoría y articulación de la capacitación para el trabajo, en particular de los CECATI, que hoy están en la SEP. También es importante que la STPS establezca mecanismos de vinculación con la educación técnica y tecnológica, especialmente los Conalep y los Cecyt para incidir en la inserción laboral de sus egresados.


Los gobiernos estatales tienen una responsabilidad central para lograr la articulación del ecosistema de capacitación y empleabilidad de jóvenes con la dinámica económica regional.


Los gobiernos estatales financian una parte sustancial del presupuesto de las oficinas estatales de empleo, que forman el Sistema Nacional de Empleo. También sostienen la mayoría de los Institutos de Capacitación para el Trabajo. La mayoría de los gobiernos estatales financian además proyectos de fomento a la innovación, de economía digital y economía verde, incubadoras de empresas y otras políticas de productividad y creación de empleos. Todas estas acciones deben contribuir a la inclusión económica de jóvenes.


Es urgente crear interacciones ágiles y prácticas para articular todos estos esfuerzos en “el terreno” y la vida real. La responsabilidad recae especialmente en los gobiernos estatales, pues además tienen mejores condiciones para asociar a los centros empresariales locales, a las organizaciones civiles especializadas en empleabilidad y juventud, a las autoridades educativas de los subsistemas técnicos y al resto de actores necesarios para la inclusión de jóvenes. Todo esto en concurrencia complementaria con los programas y políticas del gobierno federal.


Apoyar proyectos de inclusión económica de jóvenes con fondos municipales


Los gobiernos municipales también pueden contribuir a la inclusión social y económica de jóvenes. Hasta 2020, 286 municipios urbanos recibieron recursos a través del programa de fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (FORTASEG). Por normatividad debían destinar al menos el 20% de esos recursos a acciones de prevención social de la violencia y el delito, con participación de la sociedad civil.


El gobierno federal eliminó este programa en el presupuesto 2021. Sin embargo, sigue siendo indispensable invertir recursos municipales en acciones eficaces de prevención de la violencia y sobre todo en programas de empleabilidad e inclusión social de jóvenes.


El gobierno municipal tiene las mejores condiciones para la coordinación local y “en terreno” de las acciones adecuadas para la inclusión de jóvenes con mayores desventajas y para involucrar a organizaciones civiles especialistas en juventud y empleabilidad. Los municipios pueden además involucrar empresas, actores locales y servicios públicos clave como los centros de atención a adicciones o de atención a la violencia doméstica.


Asociar a organizaciones civiles y empresas en programas de empleabilidad e inclusión de jóvenes


La asociación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil es indispensable para lograr la inclusión económica y social de jóvenes. Sobre todo, si se busca atraer a jóvenes con las barreras más altas de acceso por su contexto adverso, por carencias económicas y por ambientes de violencia y otras desventajas acumuladas.


Las organizaciones civiles especialistas en juventud cuentan con programas y metodologías probadas para el desarrollo socioemocional y la formación de habilidades “blandas” de este perfil de jóvenes. En asociación con las empresas también cuentan con experiencias exitosas de capacitación para el trabajo de becarios del programa JCF, logrando altos niveles de inserción laboral.


Las organizaciones civiles pueden jugar un papel central, indispensable para la nueva etapa del programa JCF como se ha propuesto. También son clave para completar el programa con las otras medidas propuestas para mejorar la empleabilidad de jóvenes con desventajas.

En particular, las organizaciones especialistas en juventud pueden participar en la vinculación de jóvenes con el Sistema Nacional de Empleo y con los sistemas estatales, en la actualización y adecuación de los programas de los institutos de capacitación para el trabajo, para dar énfasis al desarrollo de habilidades “blandas” con metodologías adecuadas y en la atención de problemáticas que requieren servicios más especializados como el tratamiento de adicciones, violencia doméstica y barrial, desapego familiar.


Las fundaciones empresariales, las empresas con responsabilidad social y en general la iniciativa privada con dimensión social en alianza con estas organizaciones civiles, pueden hacer la diferencia en los resultados de los programas públicos de empleabilidad.


Acelerar la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados y aprobar recursos para abrir espacios de cuidado para hijas e hijos de mujeres jóvenes


La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2020 la reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional de Cuidados. La minuta está pendiente de aprobación en el Senado.


Urge agilizar su aprobación, así como de la ley reglamentaria correspondiente y sobre todo, urge que se haga realidad en más servicios de cuidado. Para que no quede como letra muerta, hay que asignar recursos presupuestales, de manera progresiva, para crear servicios de cuidado infantil y de personas enfermas, con discapacidad o ancianas.


El sistema debe considerar varias modalidades adecuadas para jóvenes y para diferentes contextos, e incluir una modalidad de servicios comunitarios.


Adoptar medidas de inclusión de jóvenes y superar prácticas discriminatorias hacia jóvenes con mayores desventajas


Insistimos en la urgencia de cambiar la cultura de exclusión y discriminación laboral. Muchas veces las prácticas discriminatorias son inerciales e inconscientes, llamamos la atención para que sean superadas con urgencia.


Entre las formas frecuentes que discriminan a jóvenes con mayores desventajas en los procesos de contratación, está la exigencia de requisitos que no corresponden al perfil del puesto ofertado, como la prueba de no embarazo, de VIH, o la carta de antecedentes no penales. También se dan cuando se descarta a las personas por el color de su piel, su vestimenta, su forma de hablar o su “código postal” (la colonia donde viven).


Desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, y en especial en esta semana de activismo por los derechos laborales, seguiremos invitando a empresas y entidades empleadoras a adoptar el decálogo de buenas prácticas para la inclusión laboral de jóvenes que hemos propuesto.


Mensaje final


La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno renueva el llamado a no cerrar las puertas a las personas jóvenes y reitera la urgencia de crear oportunidades para su inclusión económica.

La reactivación económica inercial y lenta que estamos viviendo aumenta la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Impulsar una reactivación económica con igualdad y mayor inclusión es viable y nos conviene a todas y todos.


Presentamos una estrategia y una ruta con pasos iniciales que son viables para hacerla realidad. Corresponde ahora a quienes toman las decisiones, en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y municipales, en las empresas, reaccionar y asumirlas.


Hacemos un llamado especial a quienes resulten electas (os) el 6 de junio a adoptar la causa de la juventud. Les invitamos a conocer estas propuestas y a ponerlas en práctica en su ámbito de responsabilidad cuando inicien su periodo de gobierno; o al llegar a las nuevas legislaturas nacional y estatales.


México será cada vez mejor si hay más jóvenes con trabajo digno.


Descarga aquí el pronunciamiento

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